El tribunal de paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra
Restos de cuerpos enterrados en el cementerio de El Salado estaban expuestos a merced de animales. El pueblo fue escenario de una matanza perpetrada por paramilitares
Una de las peores masacres en la historia de Colombia. La frase, en un país ya acostumbrado al horror, se ha repetido en tantos pueblos de este país que suena solo a una clasificación de la crueldad. Sin embargo, lo que ocurrió a los habitantes de El Salado, un pueblo ubicado en los Montes de María, en el caribe colombiano, es una enorme imagen del desamparo del Estado que permitió que, durante siete días, grupos paramilitares violaran, mataran y desplazaran a sus pobladores. Casi veinte años después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo que ordenar medidas cautelares para proteger el cementerio del pueblo y a las víctimas que aún buscan a varios desaparecidos.
La masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 22 de febrero de 2002 y en su momento la prensa la llamó “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos. Tantos años después no existe un dato concreto sobre el número de víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 32 muertos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá habla de 58, y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS) cuenta 97 víctimas mortales.
En medio de ese dolor, aún hay familias que buscan a sus parientes desaparecidos. Damaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, que acompaña a varias de ellas, explica a EL PAÍS que en el momento de la masacre y, debido al desplazamiento, la comunidad enterró los cuerpos en el cementerio El Salado. Años después, cuando las autoridades hicieron diligencias, encontraron que en muchos casos había cuerpos a los que les faltaban restos óseos. “Con la posterior intervención de la institucionalidad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación (FGN) para adelantar la respectiva investigación penal- en los años 2000 y 2013 particularmente-así como de terceros y de la naturaleza, algunos de estos cuerpos o partes de ellos fueron alterados y o extraviados, por lo que a la fecha continúan desaparecidos”, indica el documento que entregaron a la JEP.
La búsqueda de los 22 desaparecidos sigue activa, pero este año la ONG Comisión Colombiana de Juristas encontró, en una visita a la zona, que en el cementerio había bóvedas rotas y partes de cuerpos a la vista. “Esto hace que estén a la merced de los animales, de terceros que puedan ir al cementerio y de las condiciones climáticas severas de la zona”, cuenta la abogada. La ONG hizo vídeos y estos llegaron hasta la Jurisdicción Especial de Paz que ordenó la protección del cementerio para facilitar el hallazgo de los desaparecidos. “No sabemos si esos cuerpos expuestos son de la masacre porque es un cementerio comunitario y entierran otras personas, pero es importante protegerlo para la búsqueda de los desaparecidos de esta masacre”, agrega la abogada.
La Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal creado para juzgar los crímenes de la extinta guerrilla de las FARC y los militares, no lleva ninguna investigación concreta por esta masacre porque fue cometida por las Autodefensas, cuyo proceso va por otro tipo de tribunal. Pero la preocupación por proteger los cementerios, donde se cree hay miles de víctimas no identificadas, hizo que se ordenara la protección del camposanto.
“Los restos que se encuentran ahí podrían ser de esa masacre o de otras que ocurrieron en la región. Nosotros estudiamos el tema y vemos que esa petición cumple con los requisitos de urgencia, gravedad y ordenamos a la alcaldía de Carmen de Bolívar que en un lapso de 20 días haga al menos un encerramiento del cementerio”, dice el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli.
La decisión es una medida urgente mientras pasa la pandemia y las autoridades puedan desplazarse hasta la zona, pero también busca evitar que las víctimas no pierdan la oportunidad de encontrar a sus desaparecidos.
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